Horacio Erik Avilés Martínez*
Hace más de un siglo surgió en nuestro país el normalismo rural, respondiendo a la misión de educar bajo los preceptos constitucionales a una nación desgarrada por una sangrienta guerra intestina, sumida en la pobreza y, de acuerdo con el Censo de 1920, con más de un noventa por ciento de personas en situación de analfabetismo. Su pertinencia histórica, su legitimidad y razón de existir son insoslayables. Empero, en Michoacán, como resultado de políticas adelgazadoras presupuestalmente hablando e indiferentes ante la problemática y necesidad de recursos de las escuelas normales, así como de las maniobras emprendidas por quienes se creyeron sus dueños, durante las décadas más recientes, el movimiento normalista se ha caracterizado por hacer presencia notoria en la vida pública estatal.
A pesar de la consabida búsqueda de realizar acciones de alto impacto por parte suya, a últimas fechas, la escalada de la beligerancia intrínseca en las acciones mandatadas por sus cúpulas y emprendidas por los militantes de a pie en el movimiento normalista ya resulta inocultable.
Algunas de las medidas que toman, no solamente se sitúan temerariamente al margen de la ley, sino también del sentido común más elemental: mandatar a jóvenes inexpertos a atravesarse en una autopista para bloquear el paso o tomar autobuses, empleando tan solo con el propio cuerpo y algunos objetos es absurdo, insensato y sumamente peligroso.
Era cuestión de tiempo: la desgracia ocurrió. Manifestar apoyo y solidaridad con el joven gravemente herido, así como con su familia debe ser la máxima prioridad en estos momentos por parte de todos los actores intervinientes. Por supuesto, una situación de esta índole merece una solución estructural para evitar que una vez más suceda. Deben prevalecer la cordura y la obediencia al estado de derecho en todos los actores intervinientes para cerrar esta etapa oscura.
Es del dominio público que, las movilizaciones tienen un origen visible y, claramente, resguardan una agenda confidencial. Basta seguir las acciones de los liderazgos políticos vinculados con el normalismo para comprender las intenciones ocultas de las manifestaciones públicas. En este caso, la mención de la falta de entrega puntual de recursos para dotarles de beca alimenticia es digna de una investigación exhaustiva para esclarecer la situación específica, pero también resulta totalmente insuficiente, aún siendo verídica, como para exponer la vida de los jóvenes estudiantes en una autopista tan peligrosa.
Por supuesto, no hay vinculación alguna entre el marco normativo vigente, sus exigencias y la ruta de solución que esbozaron. Estas acciones responden a otro tipo de agenda, muy alejada de los objetivos institucionales del normalismo. Hemos hecho llamados a recuperar la centralidad de las actividades académicas en las escuelas normales michoacanas, particularmente en la de Tiripetío, honrosa y noble institución que, no debe de empañarse por los malos manejos ni los actos de algunas personas.
Sus objetivos fundantes, en los planos constitucional, educativo y ético son totalmente incompatibles con las acciones focalizadas que emprenden, bajo encomienda de intereses oscuros, a quienes no les importa en absoluto exponer las vidas de jóvenes mediante el despliegue de tácticas absurdas.
Es momento de llamar a los dueños y usufructuarios, tanto visibles como invisibles, de los grupos movilizados al interior del normalismo a sacar sus manos y dejar de manipularlos. Esta forma vicaria de generar cobardemente violencia e inestabilidad política debe ser exhibida y sancionada, así como repudio social a quienes se les compruebe su perverso e instrumental accionar.
No pueden seguir en el anonimato ni en la impunidad aquellos quienes exponen mediante cooptación, chantaje y sobornos a las juventudes normalistas a accidentes como el acontecido.
Debe quedar muy en claro: no hay razones académicas ni formativas válidas para que los militantes del movimiento normalista sean obligados a mendigar en las carreteras, a dañar la propiedad privada ni a desafiar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
También es cierto que, la intervención temprana pudo haber evitado la tragedia. Las autoridades en materia de prevención del delito, proximidad social y de vialidades debe de contener esa clase de manifestaciones, es su obligación. Más aún, a sabiendas de que, en las cuales los jóvenes son obligados a bloquear la autopista Morelia-Pátzcuaro, de por sí una de las más mortíferas de la nación, por las velocidades que alcanzan los vehículos, el trazo, el flujo vehicular y la falta de control respecto al exceso de velocidad en el cual cotidianamente los automotores se desplazan sobre de ella.
Si bien, durante la actual administración estatal se han dado pasos iniciales, lo ocurrido solamente enfatiza la urgencia e importancia de que las autoridades en materia educativa recuperen totalmente la rectoría de las escuelas normales, considerando seriamente la aplicación del reglamento para quienes se desvíen de la formación inicial docente, porque dentro y fuera de las escuelas son estudiantes normalistas, así que deben prepararse para desarrollar la ejemplaridad que es consustancial al ejercicio del magisterio, una de las profesiones más nobles que existen en la humanidad. Y ello debe contemplarse severamente en el reglamento interior respectivo.
Paralelamente, es injusto que, año tras año, haya más de un millar de aspirantes no seleccionados para ingresar a las escuelas normales y quienes están inscritos no honren la responsabilidad social y el costo de oportunidad que implicó que ellos estén matriculados. Menos aún, resulta concebible que, ante los caprichos de las cúpulas estudiantiles, no haya quien se queje, ni autoridad alguna que ponga orden ante las pretensiones absurdas de obligar a jóvenes que apenas rebasan la mayoría de edad a comportarse como avezados movilizadores, expertos en tácticas de presión social. Si no hay un responsable de recibir quejas y denuncias al respecto, para hacer prevalecer la paz y el orden en el clima estudiantil interno de cada escuela normal, la autoridad puede considerarse corresponsable por omisión.
Lo ocurrido fue un contrasentido que, mediante un rediseño profundo y aplicación de la normatividad deberá evitarse hasta desvanecerse, para impedir que esta clase de absurdos continúen ocurriendo, los cuales solamente acarrean sufrimiento, dolor, derramamiento de sangre y preocupaciones, escalando la violencia y el caos social. Por supuesto, el caso específico acontecido merece una investigación exhaustiva, para el deslinde de las respectivas responsabilidades a que haya lugar.
Por otra parte, debe haber atención pública y directa para los grupos de estudiantes normalistas, así como para los planteles, de tal manera que exista una ventanilla en donde se les atienda en cuanto a sus justas demandas respecta, así no tendrán necesidades que los lleven a movilizarse legítimamente, porque existirá respuesta y efectividad gubernamental.
De esta manera, con una estrategia integral de retornar a la misión académica y formadora de las normales se podrá transitar a una etapa diferente a la que estamos padeciendo y atestiguando.
Al respecto, un factor que resulta de la máxima importancia en este análisis es que el joven Antonio Aguilar Estrada, hijo de maestros y proveniente de una comunidad marginada es de nuevo ingreso. Su edad así lo constata, así como los comunicados que han emitido los organismos normalistas.
Esto significa que, el joven herido realizó el examen CENEVAL, que se manifestó en su momento como una panacea para la problemática de ingreso a la formación inicial docente. En su momento, desde este espacio se señaló la enorme importancia de poner el mismo o mayor cuidado en el resto de las etapas del proceso educativo, toda vez que siguen en las mismas manos. No extraña que, ante la cesión del control del subproceso del examen de ingreso a la autoridad estatal, se agudizase el control y el rigor de las pruebas impuestas a los aspirantes seleccionados, desde los cursos de adoctrinamiento, pruebas físicas y emocionales a las que son sometidos, las cuales pueden equipararse a las pésimamente reputadas novatadas y a las iniciaciones de grupos de culto o delincuenciales, donde deben demostrar temeridad, valor y sangre fría los neófitos. No debe pasar desapercibida la sincronicidad de esta fallida y malentendida prueba de lealtad, con el proceso de selección de la nueva generación normalista.
Indudablemente, ya es hora de poner un alto a esta serie de prácticas, de normar estrictamente su realización para proscribirlas totalmente. No hay razón alguna para que sigan probando la incondicionalidad ni la obediencia de los estudiantes, quienes no llegaron a ser parte de las escuelas normales sino por su demostrada vocación docente y capacidades académicas. Es necesario redoblar esfuerzos institucionales para recuperar la rectoría de todos los procesos de las escuelas normales, porque, el hecho ocurrido, en sí, demuestra que aún permanecen completamente capturadas otras etapas del proceso.
Es un gran momento para encender el panóptico histórico y voltear hacia la misión fundante, que conlleva la recuperación de los ideales del normalismo rural, así como la reivindicación de la identidad de sus comunidades académicas, la dotación de presupuesto suficiente, entregado en tiempo y forma, el establecimiento de mecanismos de diálogo, participación y gobernanza, así como la mejora continua en todos sus procesos, acciones que permitirán superar las dificultades actuales y transitar a etapas de mayor desarrollo integral.
Es tiempo de volver a los orígenes, recobrando la mística e ideales inyectada por los fundadores del normalismo rural: el cual debe ser vocacionado, comprometido y digno. Nunca más debe derramarse sangre de un integrante de la comunidad normalista, ni tampoco deben de sufrir violencia institucional, ni abandono presupuestal. Las escuelas normales son parte consustancial del desarrollo de Michoacán, bajo ese enfoque se deben comprender y resolver sus problemáticas. ¡Merecemos un gobierno educador!
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
*Doctor en ciencias en desarrollo regional y Director General de Mexicanos Primero, Capítulo Michoacán, A. C.
