Horacio Erik Avilés Martínez
La reciente presentación de los resultados de la aplicación internacional de la Prueba PISA 2015 evidenció el estancamiento en que se encuentra el sistema educativo mexicano. Este hecho, por sí mismo debería de representar una oportunidad para realizar autocrítica profunda y un esfuerzo colectivo extraordinario para transformar la realidad educativa nacional. Sin embargo, en lugar de comenzar con la resolución del rezago y desigualdades, hay actores del sistema educativo y medios de comunicación que prefieren convertir la crisis del sistema educativo en ganancia política y mediática.
Por ello, se ha desatado una ola de reacciones de quienes pretenden emplear como ariete la crítica situación de nuestro sistema educativo nacional, evidenciada por PISA. Enardecidos por los malos resultados, los enemigos de la evaluación han desatado una andanada de declaraciones que tienen por objetivo desacreditar e ilegitimar la aplicación de la Prueba PISA, considerando que, cuales piezas de dominó, habrán de caer la cultura de la evaluación, la normatividad vigente en la materia y con ello, volverán a tener control de los recursos destinados a conformar a las próximas generaciones de mexicanos.
Para sus denostadores, la Prueba PISA 2015, ha resultado ser un blanco perfecto, convirtiéndose en la madeja que les brinda hilo para construir una narrativa plena de delirantes perversidades y de supuestos estentóreos fracasos, buscándose a toda costa mecanismos para alegar una inverosímil conspiración global para robotizar y sumir en la ignorancia a la humanidad, especialmente a los habitantes de los países en desarrollo. Además de medrar con la desinformación, existe el riesgo de que, ante la presión social que les pudiera generar, una vez más, los funcionarios del ámbito educativo tomen decisiones retrógradas en torno a la evolución de la política educativa nacional, que debe tender hacia garantizar el derecho a aprender de los niños y jóvenes nacionales.
Al respecto, se han dicho muchas mentiras y falacias en muy poco tiempo, con la finalidad de que esta andanada haga recular a los encargados de cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia educativa. Por ejemplo, se ha señalado que la prueba PISA no presenta la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las comunidades de aprendizaje, pero sin mencionar claramente que fue el propio Gobierno Federal quien determinó no mostrar los resultados desagregados para cada entidad federativa, ni dotar de la robustez necesaria a la aplicación para lograr muestras estadísticamente significativas que permitiesen, mínimamente a nivel municipal, conocer, medir y comparar el logro educativo respecto a otras localidades, entidades federativas y naciones.
Paralelamente, también se ha alegado que la Prueba PISA es negocio de empresarios y a su vez, de la OCDE. Evidentemente, la aplicación de la prueba implica erogación de recursos económicos, pero los montos invertidos, como fueron los 44 millones de pesos que el INEE dedicó a solventar los gastos, no alcanzan siquiera para pagar los libros de texto denominados alternativos, que son antologados y fotocopiados por la CNTE sin criterios de validación científicos para tales efectos, pero que a pesar de ello, se imprimen alegremente año tras año en Michoacán, hecho que cuesta entre 50 y 80 millones de pesos y ante el cual guardan un ignominioso silencio.
No obstante lo anterior, se alega hasta el cansancio que la evaluación es punitiva, porque sirve de alguna manera para sojuzgar a las naciones, ya que bajo el cobijo de pretender elevar la calidad educativa, la OCDE impone un modelo educativo basado en competencias con base en las recomendaciones que emite para cada nación, así como un sistema evaluativo mediante PISA. Tal alegato implica negar la realidad concreta que sucede en cada comunidad de aprendizaje y a su vez, pretender cubrirlas con el manto de la opacidad, en la cual ni se puede conocer el resultado del logro de aprendizaje ni tampoco se puede conocer el cúmulo de carencias y necesidades de los planteles para poder a su vez, acciones concretas para superar su situación.
Una de las mayores mentiras que se han dicho es que PISA afirma que los culpables de los magros resultados educativos son los maestros, para una vez más, generar un esquema de polarización entre los maestros, los padres de familia, las autoridades y la sociedad. La realidad es que se requiere más bien una suma de todos los actores involucrados para lograr mejorar la situación educativa nacional, no apostarle a la división.
En suma, con esta clase de alegatos, se busca reiteradamente evadir el debate sobre la exclusión que campea en el sistema educativo nacional, ya que no solamente es un fenómeno asociado con la cobertura educativa, sino que también, al no aprender lo debido. La educación no es un servicio, sino un derecho. La cultura de la evaluación abona al desarrollo de nuestra nación y la prueba PISA brinda un nicho de oportunidad para reenfocar la política educativa nacional, no para su retrogradación. En lugar de cuestionar letánicamente una evaluación internacional, valdría la pena que sus detractores propusieran instrumentos locales para conocer, medir, comprender y explicar el logro educativo nacional, para mejorar la política educativa. Esperemos que haya propuestas y no más sofismas que buscan extraviar la ruta de mejora de la educación mexicana.
Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
