Ciudad de México, 25 de mayo 2015 (Círculo Digital).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó que los gobiernos federal y estatal diseñen e implementen las políticas públicas necesarias para atender el problema del desplazamiento interno de comunidades por la violencia, conforme al derecho humanitario internacional.
En un comunicado la Permanente informó que en la sesión del pasado 20 de mayo se aprobó pedir a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe detallado sobre este fenómeno.
Senadores y diputados consideraron que el conocimiento sobre el número de personas afectadas, lugares de origen, motivos y consecuencias de los desplazamientos, ubicación de los núcleos de personas desplazadas, necesidades y requerimientos, es esencial para generar la respuesta apropiada.
El documento avalado indica que en México existen miles de personas que han tenido que salir de su lugar de origen debido a la violencia y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno, “no se ha estudiado su magnitud ni se ha ayudado a las víctimas”.
Agrega que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos comunitarios, desastres naturales y violencia, además por “causa del desarrollo de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a las comunidades”.
Las poblaciones desplazadas, señala, abandonan su lugar de residencia habitual en movimientos colectivos debido, por lo general, a un desastre repentino -como un terremoto o una inundación-, a una amenaza o a un conflicto armado, como mecanismo para hacer frente a la situación y con la intención de regresar.
El documento aprobado también menciona que estas personas se enfrentan a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua potable y alimentos; de garantizar su seguridad física y la de su familia; de acceder a condiciones higiénicas en el lugar en que se sitúan, así como de atención médica y psicológica.
Las personas desplazadas, añade, son víctimas de una múltiple violación a sus derechos y están sometidas a precarias condiciones de vida durante un periodo de tiempo indeterminado, lo cual implica una serie de obstáculos y dificultades objetivas que impiden que puedan disfrutar de una vida digna con base en sus propios esfuerzos. (Notimex)
