«La Tarjeta», por Jaime Darío Oseguera

Es un lugar común decir que a educación es la columna vertebral de cualquier sociedad. El sistema educativo provoca la evolución del individuo, le da capacidades para liberarse, emanciparse, lo hace crítico y le permite entender con racionalidad lo que sucede en su entorno. Lo transforma y hace libre.
El sistema escolar proyecta e introduce los valores apreciados en una comunidad. Aunque suene perverso, proyecta los principios que prevalecen en la aldea y, como consecuencia, moldea la manera en que se cimenta la sociedad.
Esa que es la parte filosófica tiene que aterrizar en la realidad. Por eso resulta importante ver quién conduce el sistema educativo y con que criterios para saber hacia dónde vamos.
La alternancia que se ha vuelto cotidiana en los sistemas democráticos, provoca la sensación plasmada en leyes, teorías y discursos, sobre la conveniencia de que las políticas púbicas tengan un recorrido de mediano y largo plazo, para que su implementación sea eficaz. Es decir, no parece práctico y en realidad es poco útil, caro e innecesario que cada seis años se cambie todo porque llegan nuevos gobernantes.
Hoy va a cambiar el modelo educativo. Hubo muchas discusiones y objeciones en la reforma educativa que impulsó el Presidente Peña Nieto como parte de esta visión que cada gobernante tiene del país.
En la parte filosófica se le tachó de arbitraria al imponer criterios homogéneos a un país que tiene regiones distintas y que de esa forma se menospreciaba la particularidad y riqueza cultural de las regiones o grupos originarios. En la parte pedagógica se le acusó de laborista porque privilegiaba las evaluaciones de los maestros para generar los estímulos y propiciar los ascensos en una carrera magisterial que en sí misma nunca convenció del todo.
No es la forma ni el lugar para una discusión tan profunda como los cambios en el sistema educativo. Sería frívolo y superficial. Será otro momento y lugar el propicio para ese debate.
Lo que sí surgió en ese momento y hoy vuelve a ser tema central de la reforma, principalmente ante la falta de pago a los maestros, es el diagnóstico sobre la cantidad y ubicación de los trabajadores de la educación. Una buena parte del problema en la falta de pagos tiene que ver con el misterio sobre la cantidad total de trabajadores de la educación, cuántos son maestros, cuántos están frente a grupo y dónde están o por qué hay tantos asignados a funciones administrativas cuando todavía hay escuelas en las zonas rurales donde no existen maestros.
La parte administrativa del sistema educativo está hecha un desastre. Y esto es así porque le conviene a ciertos sectores. A río revuelto ganancia de pescadores reza la sabia popular.
Justamente como una de varias medidas para regularizar este amasijo de nudos ciegos y enredos que han provocado la bancarrota del sistema educativo en Michoacán, se propuso entonces, un cambio que parece insignificante en el sistema de pagos: cambiar los pagos a través de cheque por una tarjeta bancaria para individualizarlos y revisar que cobre quien tiene derecho de hacerlo.
Hace poco lo retomó también el Presidente López Obrador para iniciar la regulación de los pendientes de pago en Michoacán.
Este tránsito que pareciera sencillo, reviste un gran fondo en la parte financiera, administrativa y logística de la educación.
En primer lugar implicaría saber con puntualidad cuantos maestros son y dónde están. Es de sobra conocido en el mundo de la Secretaría de Educación, las maniobras que se operan a través de algunos de los habilitados para pagar los cheques. Hay de todo. Pagos que no se entregan o maestros que no reciben pago. Hay algunos que laboran cumpliendo alguna tarea administrativa como directores o subdirectores y no reciben su salario y es probable que ese pago se le entregue a alguien más.
Se dice que hay cheques que se entregan a los grupos sindicales, de individuos que no los reciben o incluso no viven en el país pero que hacen antigüedad en la expectativa de jubilarse en un futuro no lejano. Mientras le dan el cheque a quien les hizo la promesa.
Hay mil y una maromas que se hacen con los cheques: aviadores, exceso de trabajadores administrativos en lugares donde no hacen nada.
Mención especial merecen los comisionados a las tareas sindicales quienes presuntamente reciben jugosas ganancias con el discurso de la defensa magisterial pero caen en las manifestaciones más burdas del charrismo sindical.
Cambiar la tarjeta por el cheque puede no ser una solución mágica, pero permitiría hacer algo en lo que el Presidente ha insistido cuando se trata de beneficios: eliminar a los intermediarios para lograr que cada trabajador de la educación, señaladamente los maestros, se registre, vaya a recibirla, la habilite y eventualmente la use en lo personal.
Con el simple cambio al uso de la tarjeta, sería posible hacer una especie de censo para saber donde están y qué hacen. ¿Cuántos maestros se necesitan por nivel educativo y cuántos trabajadores administrativos?
Ahí está el dedo en la llaga y, dicho sea de paso, este no ha sido un botín sólo de las facciones sindicales. Se ha permitido por la autoridad en cada momento, en la tolerancia que brinda la complicidad. La corrupción es prácticamente generalizada en el ámbito administrativo.
La tarjeta no va a desaparecer la corrupción pero nos permite hacer una revisión; cernir y tomar decisiones. El problema no es que se gaste mucho o poco dinero en educación, sino que no se refleja en resultados positivos: estamos en los últimos lugares del país. Cambiar los pagos de cheques por tarjetas bancarias como lo quieren coincidentemente las dos versiones de la reforma educativa ( y vaya que no hay muchas coincidencias) es una forma de evaluar lo que se está gastando.
Requiere un esfuerzo para que el gobierno tenga bancos en todos lados. Podrían empezar por las grades urbes donde están todos los beneficiarios del problema.
Por ahí pueden pegarle de inicio al déficit del estado. Vamos a ver.