Foros para la Reforma Electoral

Yurisha Andrade Morales*

El martes 26 de julio dieron inicio los foros del parlamento abierto para la reforma electoral convocados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el objeto de “fortalecer el análisis de la iniciativa de reforma constitucional remitida por el ejecutivo federal en materia electoral y las demás análogas que se presenten”. Se trata, en opinión de los legisladores del grupo parlamentario mayoritario, de un ejercicio de reflexión colectiva para conocer opiniones especializadas respecto de la iniciativa presentada por el presidente de la república.

Los foros que están a cargo de la Junta de Coordinación Política, con la participación de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, tienen tres modalidades: diálogos con la Jucopo, mesas en comisiones y debates en el canal del congreso. En todos los casos, se busca privilegiar y escuchar “directamente a las personas ponentes, plantear la exposición de argumentos, la dilucidación de aspectos técnicos o la entrega de información relevante para el proceso de deliberación legislativa; las diputadas y los diputados tendrán la participación que se derive de la moderación y la posibilidad de hacer preguntas a las personas ponentes”.

La temática que se delibera corresponde a los grandes rubros abordados en la iniciativa que el presidente presentó el 28 de abril de este año y que involucra modificaciones y adiciones a 18 artículos constitucionales, en el entendido de que, para ser aprobada, se requieren, al menos, dos terceras partes de los votos en las cámaras del congreso federal y ser avalada por la mayoría de los 32 congresos locales del país, esto significa, que el partido gobernante y sus aliados necesitan construir un acuerdo amplio para que total, o parcialmente, prospere su iniciativa, quizá incluyendo contenidos de otras iniciativas que fueron presentadas por los partidos de la oposición.

Se trata de una robusta iniciativa de reformas que abarca una profunda reestructuración del INE y cambios sustantivos al modelo de representación política y a la integración de los ayuntamientos, así como propuestas de mecanismos distintos para asignar el financiamiento público de los partidos y para permitir su acceso a radio y televisión. La iniciativa defiende el principio de austeridad y se justifica en la probable duplicidad de funciones de los organismos electorales para justificar la desaparición de los institutos y tribunales locales, pero al mismo tiempo, plantea desaparecer parte de las estructuras nacionales permanentes del INE que han sido clave para la organización de los comicios.

En la exposición de motivos simplemente se suman los presupuestos que se destinan para las actividades que desarrollan autoridades locales y concluye que, al desaparecerlas, dichos montos se convertirían en ahorros, sin reflexionar que sus funciones pasarían a la autoridad nacional y que ello supone trasladar costos y responsabilidades, no suprimirlas. Desaparecer consejeras y consejeros e incluso a los institutos locales para centralizar en el “INEC” todas las contiendas electorales, no genera ahorros en automático, pues existe una enorme cantidad de tareas que pasarían a la autoridad central, la cual tendría que replantear su tamaño y requeriría de una mayor cantidad de recursos, pues actualmente carece tanto de experiencia como de estructuras y procedimientos para el desahogo de elecciones municipales y de las que en varias regiones del país se rigen por usos y costumbres.

La iniciativa presidencial propone cambiar el modelo para designar todas las magistraturas electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera que ahora sean, al igual que en el caso de las consejerías del INE, por voto directo a partir de postulaciones hechas por el propio gobierno (10), el congreso (10 -5 cámara de diputados y 5 senado-) y el poder judicial (10).

Insisto en una premisa que he defendido en entregas anteriores: la reforma electoral debería concentrarse en aspectos que contribuyan a mejorar el diseño y funcionamiento del sistema electoral, en los temas que generan confusión y dejan abierto el camino a la interpretación judicial y a las constantes fricciones entre autoridades y partidos. La reforma debe provenir del más amplio consenso entre actores, autoridades, ciudadanía y academia. No puede ser el resultado de una visión unívoca.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade