Ciudad de México, 24 de julio 2015 (Círculo Digital).- La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, afirmó que México experimenta un proceso de transformación normativa e institucional que ha derivado en el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
Al reunirse con la Red Nacional de Organizaciones Civiles a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, expuso que esto se ha logrado a partir de la unión de sinergias de las organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas e instituciones gubernamentales.
En un comunicado, la funcionaria federal señaló que hoy se es parte de una dinámica jurídica en la que, por primera vez en la historia, se privilegia a la persona y sus derechos humanos por encima de intereses particulares.
Consideró que todo sistema de justicia encuentra en el proceso penal un mecanismo idóneo para garantizar la seguridad jurídica de todos los habitantes, con relación a los conflictos sociales en que se vean involucrados y que tengan repercusiones jurídico-penales.
“Ello involucra la dignificación del rol de la víctima del delito como parte procesal, en aras de evitar la impunidad y en respeto a los derechos humanos de toda persona imputada, a fin de asegurar el principio de presunción de inocencia y la utilización de mecanismos alternos de solución de controversias”, apuntó.
Gómez González destacó que la transición hacia un Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el cual se incluye la implementación de un proceso penal acusatorio y oral, constituye un desafío para todos los operadores y destinatarios de las normas penales.
“El camino para la implantación del nuevo modelo de justicia penal ha sido largo y no carente de obstáculos, sin embargo de manera conjunta sociedad civil, academia y gobierno hemos podido concretar distintos logros para fortalecer el sistema jurídico y principalmente el relacionado con el derecho penal y procesal penal”, aseveró.
En ese contexto, la titular de la PGR indicó que se está logrando una transformación de gran importancia en las funciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como en la ejecución de las sanciones penales.
Recordó que la finalidad del Estado radica en el respeto a la dignidad humana, así como en la generación de condiciones que permitan su desarrollo en los diferentes ámbitos de proyección social, entre ellos la procuración y administración de justicia penal.
