Aprueban reformas al sistema de justicia penal

Palacio Legislativo, San Lázaro a 14 de junio, 2016 (Noticias México).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al sistema de justicia penal que incluyen justicia para adolescentes, garantía de  procesos penales justos y modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado del PRI, Álvaro Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que en las nuevas disposiciones y reformas señaladas, lo que prevalece es el respeto irrestricto a los derechos humanos y el fortalecimiento para la impartición de justicia penal.

Los dictámenes se remitieron al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor, lo que complementará la miscelánea penal que integra al nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor el próximo sábado 18 de junio.

Con los cambios aprobados, en la Ley Federal Contra la Delincuencia organizada se tipifican nuevos delitos como narcomenudeo; uso de moneda falsificada y contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales se armoniza intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada.

Respeto a derechos humanos en penales

En la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se refiere más al sistema penitenciario se crea la figura del Juez de Ejecución para evitar abusos y privilegios a los procesados y sentenciados; se establecen permisos humanitarios de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, conyuge, concubina o concubino.

Se brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para tratamiento de las reclusas.

Se abre la posibilidad de apoyarse en programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.

En materia de justicia para adolescentes, se marca que los menores podrán ser sancionados con una pena máxima de cinco años, pero sólo como una medida extrema, ya que el objetivo es privilegiar otras opciones para la reinserción a adolescentes que hayan cometido algún delito.

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