Ciudad de México, 28 de agosto 2015 (Círculo Digital).- Las fracciones del PRI y del PVEM para la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión acordaron una agenda común para el periodo ordinario de sesiones que inicia el martes 1 de septiembre.
Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán la creación del Mando Único y la aprobación de la reforma constitucional en materia de Seguridad y Justicia.
Asimismo, la Ley de la Fiscalía General de la República; la de trata, protección y asistencia a víctimas; y la reforma constitucional en materia de derecho a las víctimas y en materia de arraigo.
También pugnarán porque se avale la iniciativa para crear la Ley Nacional de Ejecución Penal y las reformas secundarias en materia de desaparición forzada.
En lo referente a economía para un país en igualdad y desarrollo equilibrado, los integrantes de los grupos parlamentarios buscarán la creación de las zonas económicas especiales, la aprobación del paquete fiscal 2016 y el Presupuesto Base Cero.
En cuanto a transparencia y legalidad buscarán con propuestas de ley que los gobiernos rindan cuentas, que se aprueben las reformas secundarias en materia de disciplina financiara de estados y municipios, así como las leyes reglamentarias contra la contra la corrupción.
Además buscarán convencer a la oposición de derecha e izquierda que se apruebe el proyecto de Ley Federal de Apuestas y Sorteos y las reformas secundarias en materia de registro público y mobiliario de comercio y catastro.
Para fortalecer y alcanzar la soberanía alimentaria en el campo, los legisladores priistas y ecologistas se comprometieron a lograr un sector rural próspero y justo con mejores servicios de salud; hacer más eficiente y competitivo al sector agroalimentario, así como garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país.
En materia ambiental acordaron incentivar el establecimiento de sistemas avanzados para el procesamiento integral de la basura y el procesamiento de aguas negras; y establecer una política que garantice en cada una de las entidades de México la vigilancia e impedimento del maltrato de los animales.
También impulsar la innovación en sistemas de gobernancia y cuidados de áreas naturales protegidas; incentivar la utilización de procesos productivos en la industria pesada, aprobar la Ley General de Aguas que permita la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales; y una reforma al campo para combatir los efectos negativos del cambio climático.