17 de octubre de 2015 (Maya Comunicación) Es necesario que en México se elabore y aplique una Ley sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, que tome en cuenta la experiencia, necesidades y propuestas de los familiares de las víctimas y agrupaciones de la Sociedad Civil que han acompañado la búsqueda de éstas y la lucha para que no queden impunes estos delitos.
En ello coincidieron Olinca Marino, de la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz, AC; María Guadalupe Fernández, de la asociación Fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y en México, y Ricardo Padilla, del grupo Zacatecanos por la paz, al participar la tarde del viernes en la Charla Hacia una Ley contra la Desaparición en México: Sin las familias ¡No!, realizada en el Foro General Hugo Gutiérrez Vega de la XV Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.
Los defensores y asesores de familiares de víctimas por desaparición coincidieron en que se requiere la creación de un sistema nacional de búsqueda que integre diferentes mecanismos, entre ellos un registro único de personas desaparecidas; la reparación integral del daño, y el reconocimiento de los derechos fundamentales a la participación, a la verdad, a la justicia, al acceso a las medidas de atención, a la asistencia y ayuda, a la educación, a la salud, vivienda, trabajo y a la protección.
En este sentido, Olinca Marino dijo que en México se calcula que hay más de 26 mil desaparecidos, “aunque los especialistas coinciden en que son muchos más”; ante ello, dijo que varios organismos de la sociedad civil “hemos decidido participar en el debate para aprobar una Ley sobre desaparición”.
Existe, añadió, “una alta incidencia de desapariciones forzadas, un sistema de justicia que no funciona y tenemos que el problema es también estructural por pobreza y falta de opciones de sectores de la población. En este sentido, hay compromisos del gobierno mexicano con organismos internacionales, pero falta elaborar una ley en este tema”, dijo.
Por su parte, Ricardo Padilla aclaró que la diferencia entre desaparición forzada y por particulares, es que en el primer caso se da la participación de servidores públicos (policías, militares, marinos).
“Es necesaria la definición clara de competencias que deben tener las instancias oficiales de búsqueda y qué protocolos deben seguir porque actualmente es un caos. Hoy hay procesos estancados e indiferencia de las autoridades. Urge definir las competencias de cada autoridad y las sanciones que se les deben aplicar en caso de que no actúen adecuadamente, agregó.
Finalmente, María Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo Fernández, quien desapareció en 2009 en Monclova, Coahuila, mientras laboraba como ingeniero para una empresa de Altos Hornos de México, señaló que el 65 por ciento de los desaparecidos en México son jóvenes en edad laboral.
“Esta serie de desapariciones generalizadas se vienen dando —sin olvidar las de los años 60 y 70— de 2006 a la fecha. Desaparecer en México es más común de lo que se cree. Ahorita el Estado tiene la oportunidad de cambiar la actuación omisa que ha tenido hasta el momento. Es necesario que la sociedad civil esté al pendiente que en esta Ley se incluyan los contenidos que han propuesto los colectivos de la sociedad”, concluyó.
