CDMX a 24 de Noviembre de 2016.- El diputado perredista Xavier Nava emplazó al Gobierno Federal explique con claridad al Congreso de la Unión su exigencia de dotar de un marco jurídico las labores de seguridad pública que actualmente desempeñan las Fuerzas Armadas del país; “porque esto podría fortalecer una estrategia de combate a la violencia e inseguridad que hasta el momento no ha dado resultado”.
En opinión del legislador, las autoridades “tienen que decir exactamente en qué están basando esta demanda, de dónde provienen los argumentos de que una propuesta así iría por buen camino”.
Desde su punto de vista, se sigue combatiendo el crimen organizado y la inseguridad “con la misma receta de mano dura que no ha dado resultado”.
“Se necesita otro tipo de política pública con mucha más participación de la sociedad civil, con otra visión que busque resolver las contradicciones generadas por el enfoque de combatir a la violencia con más violencia”, añadió.
En el marco del foro Diálogos Galileos, en el que se abordó el tema de “Seguridad y Violencia”, Xavier Nava indicó que “los ejércitos, en principio, deberían estar en los cuarteles, ese es un viejo debate, no podemos regresarlos ahora por las condiciones que tenemos en el país, pero elevar esa apuesta en estos momentos no sé si es la salida correcta”.
En el foro citado participaron la activista María Elena Morera y los especialistas Aram Barra y Eduardo Guerrero. Los ponentes coincidieron en que la inseguridad sigue siendo un grave problema para el país, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha podido resolver y que, por el contrario, va en aumento.
Aram Barra aseguró que las acciones para enfrentar al crimen organizado a través de la militarización de la seguridad pública no ha generado resultados significativos pero ha aumentado el número de violaciones de los derechos humanos y la participación de militares en actividades delictivas.
Señaló que reducir la impunidad no significa que todo delito debe terminar en una condena penal. “Debemos hacer uso de otras formas de aplicar la justicia, buscando justicia alternativa”, acotó y resaltó la importancia de alcanzar una reforma policial que permita enfrentar la corrupción y evitar la vinculación entre la policía y los criminales.
Por su parte, María Elena Morera lamentó que en la actual administración la inseguridad ha ido creciendo. Informó, por ejemplo, que en el 2004 el número de secuestros denunciados fue de 400 y hoy la cifra está por arriba de los mil 500.
Aseguró que “las cosas en lugar de mejorar, empeoran”, y que esto tiene que ver con factores económicos y sociales, pero también con una descomposición crónica de las instituciones de procuración de justicia.
Lamentó que el país “lleva lustros sin poder construir una política de Estado en materia de seguridad; una política que no sea de gobierno, una política que no sea de partido político, sino que sea de México”.
Durante su participación, Eduardo Guerrero dijo que desde un principio debió haberse engarzado la política de seguridad con la política social, “no en términos de que la pobreza es el principal motor de la violencia, eso es falso, si fuera cierto los estados más pobres del país serían los más violentos, y eso no es el caso”.
Más bien, siguió, “de lo que se trata es enfocarse en los grupos de jóvenes que están siendo reclutados por las organizaciones criminales, darles una vía de desarrollo profesional, alternativo y alertarlos sobre el riesgo de que mueran pronto”.
Finalmente, opinó que en México “no tenemos profesionales en materia de seguridad”.
