La Fiscalía Anticorrupción ejercitó acción penal y consiguió una orden de aprehensión en contra de Agustín Antonio Padrés, quien se ostentaba como primo del exgobernador panista de Sonora, acusado por los delitos de fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa, porque supuestamente vendía plazas de trabajo de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).
Odracir Espinoza Valdez, titular de la Procuraduría Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, detalló que existen 18 denuncias en contra del pariente del exmandatario panista Guillermo Padrés Elías.
Solicitaba hasta 80 mil pesos por plazas laborales, además estimó que engañando a sus víctimas obtuvo alrededor de un millón 200 mil pesos.
Por otro lado, al exsecretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, un juzgado estatal le giró una orden de aprehensión por el delito de tráfico de influencias, por lo que está siendo buscado por autoridades estatales y federales, e incluso en Estados Unidos.
La Procuraduría General de la República (PGR) también lo busca por el mismo delito.
A principios del mes de febrero, Darío Figueroa Navarro, delegado en Sonora de la PGR, anunció que la Policía Federal Ministerial estaba buscando a Roberto Romero y a su esposa, la ex diputada local Mónica Paola Robles Manzanedo, ambos colaboradores cercanos al exmandatario panista Guillermo Padrés.
Ambos están acusados por tráfico de influencias en perjuicio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En conferencia de prensa, Odracir Espinoza Valdez, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, anunció que también estaba ejerciendo acción penal en contra de Roberto Romero por el mismo delito, pero en el fuero estatal y en perjuicio de la Secretaría de Agricultura.
Según establecieron las investigaciones, el exresponsable de la política interna en Sonora utilizó su cargo para gestionar recursos para beneficio personal de los ranchos propiedad de él y su familia.
El fiscal detalló que Roberto Romero gestionó y cobró subsidios para empresas en las que él figuraba como socio mayoritario y presidente del consejo administrativo.
