COMPARECE EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANTE LAS COMISIONES DE TRANSPARENCIA Y DE LA VIGILANCIA DE LA ASF

18 de noviembre de 2015 (Maya Comunicación) El combate a la corrupción y la transición para construir gobiernos abiertos son asuntos de la mayor inquietud nacional y de urgente resolución por parte del Estado mexicano, afirmó el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade Martínez.

El funcionario hizo esa reflexión en su mensaje inicial al comparecer ante Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Convocó a los legisladores federales para que, “en un ambiente de pluralidad y diálogo franco, se construyan los acuerdos en torno al combate a la corrupción y a la transición hacia gobiernos abiertos”.

Precisó que para el análisis de esos dos asuntos, es pertinente identificar resultados y pendientes en cuatro ejes de acción de la SFP: la atención de quejas y responsabilidad públicas; el régimen de contrataciones públicas; el ejercicio de seguimiento y control a través de auditorías, y la construcción de un gobierno cercano y moderno.

Aseguró que la SFP centra en esos cuatro ejes el tratamiento del combate a la corrupción y la construcción de gobiernos abiertos, además de participar de manera activa en su propuesta de solución.

Sostuvo que los cuatro ejes de acción viven un claro periodo de transición política, legal e institucional.

En términos políticos hay un clima de intenso debate público sobre el combate a la corrupción, en el que están presentes las propuestas de todos, pero también situaciones de desconfianza ciudadana, y en lo legal hay una transición por las recientes reformas para crear los sistemas nacionales anticorrupción y de transparencia, comentó.

Durante el año pasado, la SFP, con sus 211 órganos internos de control presentes en toda la administración pública federal, ha atendido 26 mil 29 quejas y denuncias de los ciudadanos y ha procedido a sancionar ocho mil 352 servidores públicos, 10 de ellos titulares de entidades paraestatales, refirió.

Andrade Martínez aseveró que “en todos los casos se ha actuado estrictamente apegados a la legalidad, incluyendo las investigaciones especificas llevadas a cabo en temas sobre conflicto de interés”.

Planteó la necesidad de fortalecer los sistemas de denuncias, para que la estadística de que cada seis de 10 ciudadanos afirman haber vivido situaciones de corrupción se refleje al mismo tiempo en las denuncias específicas, porque en el sistema de quejas sólo una de cada 100 se refiere a este tema.

La propia reforma constitucional del sistema nacional anticorrupción ordena tipificar de manera más precisa aquellas conductas que constituyen actos de corrupción y, al mismo tiempo, hacer una nueva reflexión sobre los alcances y límites del supuesto conflicto de interés, añadió el funcionario federal.

Manifestó la necesidad de realizar una reflexión de carácter procesal, particularmente en materia de pruebas, para que los casos no queden ahogados en situaciones de vació y de impunidad.

Respecto a las contrataciones públicas, comentó que en el 2014 la administración pública federal celebró en promedio 125 mil contratos, por un monto de 600 mil millones de pesos anuales, con la participación de 166 mil 834 proveedores y contratistas, lo que refleja la importancia que estas tienen para la economía nacional.

Aseveró que por ello se debe impulsar un régimen robusto de transparencia en dichas actividades y comentó que la SFP ha impulsado la modernización continua a través de Compranet e incrementado el número de participantes, entre otras acciones para evitar desconfianza y simulaciones.

“Es pertinente ampliar la participación de los testigos sociales y establecer criterios claros en asignaciones indirectas, así como generar un régimen más expandido de contrataciones abiertas”, externó.

En el ámbito legal, se refirió a la necesidad de impulsar en el Congreso de la Unión reformas legales sobre las leyes de obras públicas y de adquisiciones, particularmente en lo que se refiere al puntaje en los concursos de licitaciones.

También expuso que se han realizado más de dos mil auditorías a 222 instituciones de la administración pública federal, entre las que figuran las de seguimiento a los recursos federales manejados por estados y municipios a través de 37 programas, que representan más de 38 mil millones de pesos.

Destacó la presencia de las contralorías sociales que con 135 mil personas involucradas en 31 mil 530 comités, vigilan cada día la aplicación de los 58 programas vinculados con el desarrollo social, en dos mil 161 municipios.

Planteó la importancia de que se armonicen las reformas al sistema nacional anticorrupción con las tareas de la Auditoría Superior de la Federación y de la SFP, dentro del marco normativo del sistema nacional anticorrupción.

Respecto al cuarto eje, sostuvo que la SFP impulsa un gobierno moderno y cercano, comenzando por el impulso de una ventanilla única nacional.

En coordinación con la Presidencia de la República y la Cofemer se cuenta con una herramienta que concentra en un sólo lugar la información de más de cuatro mil tramites, de los cuales mil 148 tienen ya formatos en línea

Además, se cuenta con un sistema de datos abiertos y de participación ciudadana.

Precisó que la SFP vigila de manera diaria el desempeño de más de 300 instituciones del gobierno federal y el desarrollo humano de más de un millón 600 mil servidores públicos, que integran la Administración Pública Federal.

Para finalizar, sostuvo que también es tarea de la SFP vincular la parte global con la parte local, por lo que se ha impulsado una agenda común en temáticas para desarrollar en estados y municipios sobre combate a la corrupción.

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