Morelia; Michoacán.- Con el propósito de establecer el marco jurídico que regulará la organización, funcionamiento y atribuciones del órgano encargado de la procuración de justicia, el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
El dictamen de segunda lectura presentado por la Comisión de Justicia, integrada por los diputados Antonio Salas, Fermín Bernabé, Araceli Saucedo, Adriana Hernández y Ernesto Núñez, destaca la importancia de consolidar un nuevo modelo que garantice el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana a través de instituciones eficaces y eficientes.
El marco jurídico que fue avalado por la LXXIV Legislatura establece que la Fiscalía General funcionará como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión.
El órgano autónomo estará a cargo de un Fiscal General, quien será responsable de su conducción, mando y desempeño, en cuanto titular de la institución y superior jerárquico de todos y cada uno de los servidores públicos que la integren.
El Fiscal General, podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, previa solicitud escrita presentada por el cincuenta por ciento más uno de los diputados, misma que será turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen.
La norma establece la creación de fiscalías especializadas en delitos como la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada, además de una especializada en combate de los delitos contra el ambiente y la fauna, así como una fiscalía en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
Asimismo, se crea el Consejo Consultivo, que tendrá como finalidad contribuir a la definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que implemente la Fiscalía General.
El Consejo Consultivo, será presidido por el Fiscal General e integrado por un representante de cada uno de los Poderes del Estado, así como por cinco consejeros ciudadanos expertos en temas de procuración y administración de justicia, investigación criminal y derechos humanos; mismos que serán nombrados en igualdad de género por el Congreso local por un periodo de cuatro años.
